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El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas ha pedido que se levanten las sanciones a Venezuela, afirmando que “han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos”, y que crearon “obstáculos” para “la recuperación y el desarrollo del país”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Venezuela en enero. Allí se reunió con funcionarios del gobierno, líderes de la oposición de derecha, grupos de la sociedad civil e instituciones religiosas.
“Diferentes grupos de personas con los que hablé, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU, me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19”, dijo Türk.
“Es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos”, agregó.
Los comentarios del jefe de derechos humanos de la ONU reflejan comentarios similares hechos por la principal experta en sanciones de la organización internacional, Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Douhan visitó Venezuela en 2021 e informó que “las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por los Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado [la crisis económica]”.
La experta en sanciones de la ONU declaró que “se ha reportado que el ingreso del gobierno [de Venezuela] ha disminuido en 99% y, actualmente, el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones”.
Douhan escribió:
La Relatora Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y apoyar los programas sociales, lo cual ha tenido un efecto devastador en toda la población venezolana y, en especial, en aquellos que están en situación de pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados o pacientes con enfermedades crónicas o que amenazan la vida, así como la población indígena.
Volker Türk es un abogado austriaco que se convirtió en alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en octubre de 2022, reemplazando a su predecesora, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Bachelet fue criticada y acusada de parcialidad contra Venezuela por Alfred de Zayas, destacado abogado y experto de la ONU. De Zayas dijo que los informes de Bachelet sobre Venezuela eran “fundamentalmente defectuosos” y “desequilibrados”. También advirtió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se ha vuelto cada vez más sesgada e influenciada por el gobierno de Estados Unidos.
#Venezuela: UN Human Rights chief concludes visit after meeting w/ authorities & 125+ civil society reps.
High Commissioner @volker_turk welcomes extension of our Office’s presence & calls #UDHR75 “real chance" to tackle long-standing issues.
👉 https://t.co/7Lx3Ljdmus pic.twitter.com/Ff7NbiEiSl
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 28, 2023
En su declaración oficial sobre Venezuela, Türk dijo:
Diferentes grupos de personas con los que hablé, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU, me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19.
Las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan y el impacto mental, la ansiedad y la depresión en que caen al tener que endeudarse cada vez más para sobrevivir.
Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos.
Mi Oficina ha recomendado en repetidas ocasiones a los Estados miembros que suspendan o levanten las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, un llamamiento que hacemos también con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países.
